Acceso al agua potable, derecho humano que debe respetarse: Dip. Carlos Hernández

LEGISLATIVAS
* Consideró que cuando el recurso hídrico se toma como un objeto de venta pierde ese sentido, como ocurre con la recién aprobada Ley de Aguas de Querétaro
* El morenista lamentó que en la Alcaldía Tlalpan los vecinos llegan a pagar más de mil 500 pesos por una pipa
Redacción

El acceso al agua potable es un derecho humano que debe respetarse, por eso cuando el recurso hídrico se toma como un objeto de venta pierde ese sentido, como ocurre en la Alcaldía Tlalpan cuando los vecinos llegan a pagar más de mil 500 pesos por una pipa, o recientemente en Querétaro con la aprobación de la Ley de Aguas de la entidad, aseveró el diputado Carlos Hernández Mirón.

En el marco de la Plática “Presupuesto y Agua Potable”, a través de sus redes sociales, el legislador de Morena aseveró que el manejo de los recursos públicos deber ser con responsabilidad social, con la finalidad de cumplir con los derechos de los ciudadanos, entre ellos el acceso al agua potable y su saneamiento.

Hernández Mirón recordó que cuando la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, compareció en mayo ante el Congreso de la Ciudad de México, la cuestionó sobre la ampliación de la red secundaria de agua potable en la demarcación, en particular acerca de a cuántas y cuáles colonias llegará.

“Si el agua es un derecho, entonces tiene que haber el medio que permita que este recurso llegue de manera correcta, en cantidad suficiente y de calidad para el consumo humano. Ese vehículo por donde tiene que llegar el agua es la red secundaria de agua potable”, explicó.

En ese contexto, aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México invierte recursos más allá de sus límites territoriales para que los capitalinos no carezcan de agua, y que es una lucha que no se va a detener, porque en el Ajusco Medio hace falta agua. De ahí, agregó, que la Alcaldía Tlalpan también debe tomar acciones para llevar este recurso natural a los habitantes de esa zona.

Detalló que en dicha comparecencia preguntó a Alfa Magallanes si ya aumentó el padrón de beneficiarios que reciben agua potable a través de pipas, pues lleva años sin que ello ocurra. “En Tlalpan, las personas que no tienen agua a través de la red, tienen que pagar una pipa. Pero si están en ese padrón, pueden recibirla subsidiada; es decir, que se pagará con recursos públicos”.

El diputado por el Distrito XIV de Tlalpan dio a conocer que actualmente el costo de una pipa subsidiada en esa demarcación oscila entre los 100 y 120 pesos. Sin embargo, lamentó que, si no se cuenta con un folio de inscripción al citado padrón, los vecinos se ven obligados a pagar hasta mil 700 pesos por una pipa para atender sus necesidades básicas.

“En la comparecencia, le solicité a la alcaldesa de Tlalpan tres acciones: ampliar el padrón de las personas que reciben el agua por medio de pipas; incrementar la red secundaria de agua potable, y aumentar la red de drenaje sanitario. La gente tiene derecho al agua y si no se atiende esta necesidad fundamental de la población, entonces demostrará su molestia social, lo cual es entendible. Si la gente no tiene agua, se va a molestar”, puntualizó.

Derivado de ello, el diputado Carlos Hernández Mirón lamentó la represión que sufrieron integrantes de colectivos, estudiantes y maestros por parte de policías antimotines de Querétaro, el pasado 11 de junio en la capital del estado, mientras se manifestaban en contra de la Ley de Aguas aprobada en mayo por el Congreso local, la cual permite la privatización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad.

“En Querétaro se promovió una iniciativa donde se abre la puerta para que el recurso hídrico, el agua de las y los queretanos, se pueda privatizar. O sea, que una persona física o moral tenga la posibilidad de suministrar el agua, de dar el servicio, y esto implicaría que pueda determinar las tarifas y también suspender el suministro por falta de pago”, reclamó.

Sostuvo que unas 200 personas -entre ellas mujeres, adultos mayores e indígenas del Municipio de Amealco- exigían la derogación de la ley, por considerar que viola su derecho al acceso al agua potable, cuando fueron golpeados por los elementos policíacos.

“¿Cuál fue el delito que cometieron? ¿Por qué los privaron de la libertad? Por eso es importante que la población dimensione que los gobiernos no son para reprimir; son para hacer políticas públicas que beneficien a la gente. Si ésta tiene una molestia, una inconformidad, entonces deben escucharla y atender su solicitud, sobre todo cuando es una legítima como el acceso al agua”, señaló.

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